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viernes, 31 de agosto de 2018

Los Linces en Encarnación: ¿héroes o villanos?


La llegada del grupo de operaciones tácticas motorizadas Lince marcó un antes y un después en cuanto a la seguridad de los encarnacenos. La mayor parte de la población aplaudió de pie esta noticia, pero no todo es color de rosa: también aparecieron denuncias por actuaciones consideradas arbitrarias. El nuevo ministro del Interior les exige que se identifiquen visiblemente, lo cual genera resistencias. ¿Se adaptarán los Linces a la nueva situación política?  

Por Lucas Toledo

Con la frase bíblica del Salmo 23.4 (“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento”) sellada en sus uniformes camuflados, agentes del grupo lince de la Policía Nacional recorren las calles de la ciudad de Encarnación desde diciembre de 2017.
La llegada de estos uniformados preparados para combatir a la delincuencia fue aplaudida por casi toda la ciudadanía, que ya se encontraba con las esperanzas perdidas en los efectivos policiales por los constantes asaltos perpetrados por marginales, conocidos comúnmente como “motochorros”.
Apenas 24 horas después de la presentación de estos efectivos que ocultaban sus rostros bajo capuchas y cascos, como parte de un llamativo uniforme con detalles de camuflaje (para para’i), montando flamantes motocicletas de altas cilindradas, ya se daban a conocer los primeros resultados que se redujeron a detenciones de personas que se dedicaban a la venta de drogas al menudeo, también conocidos como “micro-traficantes”.
Los días pasaron y parecía que los nuevos uniformados iban devolviendo a la población la seguridad de caminar con tranquilidad por las calles de la ciudad. Las estadísticas se volvían cada vez más positivas y los delincuentes tenían que pensar dos veces antes de atacar.
La Jefatura de Policía de Itapúa fue beneficiada con la llegada de más agentes Linces, quienes se sumaron a las tareas de prevención por las calles y enfrentaron el desafío de ingresar a uno de los distritos más conflictivos del séptimo departamento, el municipio de Cambyreta.
Los Linces recibieron una vivienda en donde montaron su base de operaciones, en el barrio San Francisco de Cambyretá, en donde hasta la actualidad se encuentra la oficina de este grupo táctico.

Efectivos del Grupo Lince durante una exhibición
Primeros resultados de la acción de los Linces

A más de siete meses de la llegada de este grupo de élite, la cúpula policial presentó un balance de las intervenciones realizadas hasta julio de 2018. Según el comisario Arturo Enciso, jefe de los Linces en Encarnación, 37 personas fueron detenidas por poseer orden de captura por diversos hechos delictivos, 100 fueron detenidas por delitos varios, 23 por la tenencia de drogas ilícitas. Igualmente, se recuperaron 5 motocicletas robadas, 96 biciclos fueron incautados por no estar en reglas para su circulación y se procedió a la incautación de 3 automóviles, 9 armas de fuego. Llamativamente 7 personas quedaron detenidas cuando intentaban sobornar a los agentes.
Pero no todo fue aplauso para el grupo de operaciones tácticas, ya que la manera en que realizan sus controles en la vía pública no fue muy bien aceptada por un sector de la sociedad. Aparecieron varias quejas por parte de personas que afirmaron ser sometidos incluso a golpes por parte de los uniformados.
En agosto de este año se erradicó una denuncia ante el Ministerio Público de Encarnación, en contra de patrulleros del grupo lince por supuestamente obligar a un joven menor de edad a quitarse los aros que llevaba en sus orejas, bajo amenaza de llevarlo detenido. El hecho habría ocurrido en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y fue presentado como un caso de abuso de autoridad y violación de derechos humanos.
En julio de este año, igualmente, un estudiante identificado como Walter Morínigo expresó su indignación a través de las redes sociales por otro supuesto procedimiento irregular de parte de varios agentes del Grupo Lince. En su perfil de Facebook, el joven relató que al salir de estudiar de la casa de un compañero suyo y querer llegar a su vivienda, fue interceptado por los uniformados, quienes de forma violenta supuestamente le exigieron a que se tire al suelo en el empedrado, tratándolo prácticamente como delincuente. El hecho habría ocurrido luego de las 21:00, en el barrio Quiteria de Encarnación.
La situación generó la indignación no solo del estudiante afectado si no también de varias personas, quienes repudiaron el violento accionar de los efectivos. Ante dichas denuncias, el jefe de Los Lince, comisario Arturo Enciso, argumentó que en todo momento habían actuado de acuerdo con la Ley.


Apoyo mayoritario

En una encuesta realizada aleatoriamente en las calles de Encarnación, consultamos a los ciudadanos su opinión sobre la presencia de los uniformados y su forma de operar en la ciudad. La mayoría de los consultados respondió estar de acuerdo, asegurando que quienes se quejan de los procedimientos son las personas que no tienen sus documentos en regla o están metidas en hechos delictivos. Otros dijeron estar de acuerdo con la presencia de los mismos, pero que tienen que ser más amables con las personas “comunes”.
Actualmente son 26 los efectivos policiales que integran este grupo y están trabajando en Itapúa, especialmente en Encarnación y Cambyreta, cuentan con una patrullera y más de 10 motocicletas de altas cilindradas preparadas para reaccionar. Actualmente se prevé la llegada de más uniformados y equipamientos con el fin de hacer frente a la delincuencia en la Perla del Sur. Próximamente extenderán su campo de acción a otros distritos del interior de Itapúa.

Intervención del Grupo Lince en el interior de Itapúa.
Los Lince ante una nueva situación política

Aún con las críticas puntuales hacia su actuación, la creación de los Lince es considerada como uno de los puntos positivos del Gobierno del anterior presidente Horacio Cartes para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Desde organizaciones de derechos humanos y sectores políticos principalmente de izquierda se cuestiona que la actuación de los mismos obedece a una modalidad represiva o de “mano dura”, más asociada con la manera en que actuaba la dictadura stronista. Se ha cuestionado que el hecho de que actúen con el rostro cubierto por capuchas o que no exhiban sus nombres en sus uniformes atenta contra el Código Procesal Penal y contra la propia Constituciòn.
Tras el cambio de gobierno, producido el pasado 15 de agosto, el nuevo ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dispuso que los Linces se identifiquen con su portanombres y actúen sin capuchas, lo cual fue aplaudido por un sector y cuestionado por otro, asegurando que de ese modo se los expone a la revancha de los delincuentes. Los más críticos al gobierno de Mario Abdo Benítez suponen que existe una intención de destruir la creación del Grupo Lince.
Más allá de cuales sean los resultados en esta nueva etapa, no hay dudas de que la actuación de este grupo de élite no puede estar por encima de la Constitución. El desafío es que puedan cumplir a cabalidad su labor, sin violar la ley y respetando los derechos humanos.

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Lucas Toledo es estudiante del tercer año de Ciencias de la Comunicación con énfasis en Periodismo, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Encarnación. Es reportero especializado en cobertura policial del canal SUR TV en Encarnación y corresponsal del Sistema Nacional de Televisión (SNT). En sus ratos libres le justa jugar al fútbol y leer.



domingo, 4 de septiembre de 2016

El riesgo de ser periodista en Itapúa


Tras varios años de que en actos cobardes silenciaron voces de trabajadores de prensa, en la mayoría de los casos a través de atentados relacionados al flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, desde Itapúa, los periodistas alzan sus voces en reclamo de justicia, pidiendo la aclaración de las muertes y atentados, y declarándose en una situación de alerta permanente.

Por Nancy Tifi

La ultima voz que quisieron acallar fue en la localidad de General Delgado, Itapúa, en donde el comunicador Mario Dante, locutor en la Radio San Luis FM denunció haber sido víctima de un atentado cuando se dirigía a su domicilio, el jueves 1 de septiembre, cerca de las 20:30, a la hora en que jugaba el partido de fútbol entre Paraguay y Chile.
El comunicador apunta a dos sujetos en moto, quienes lo siguieron tras finalizar el programa que conduce y según recuerda se produjeron tres disparos, afirmando que uno de los disparo impactó en su biciclo.
Esta situación generó la reacción de la Asociación de Periodistas del Sur (APESUR), que emitió un comunicado solicitando la aclaración del hecho.
En la denuncia, se relatan que el ataque se produjo luego de que Mario Dante emitió en su programa un audio del diputado Edgar Ortiz (del PLRA) en su programa. En en el material, supuestamente, el legislador acepta haber movido influencias para evitar la intervención de la Municipalidad de General Delgado, cuyo intendente es el liberal Florentín Benítez, quien fue reelecto por segundo periodo.
El presidente de Apesur, José González, explicó que este sería el segundo atentado, ya que en junio pasado Dante había acusado a Alejandro Benítez, hermano del actual intendente de General Delgado, de intentar arrollarlo con su vehículo, por lo que la asociación clama por mayor seguridad para el comunicador.
La Apesur responsabiliza al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a los Poderes del Estado por la integridad física de Mario Dante.



Otro comunicador atacado.

En marzo de este año se alertaba con relación a otro episodio que involucraba como víctima al locutor Eduardo González, de la radio Costanera del Sur, de la ciudad de Carmen del Paraná.
En un suceso aún no esclarecido, el colega fue encontrado sobre la ruta Graneros del Sur, tendido con golpes bastante fuertes, que lo dejaron en estado parapléjico.
El mismo comunicador anteriormente fue víctima de una supuesta implantación de drogas por parte de agentes de la Policía Nacional de la ciudad de Fram, según denunció tras estar procesado y salir absuelto.
El motivo de aquel primer ataque habrían sido las denuncias que realizó en su programa radial El Trigal, sobre la presunta complicidad de policías en los casos de abigeatos ocurridos en la región. Antes del percance, el comunicador iniciaba acciones contra los agentes involucrados.
El titular de la Apesur, José González, indicó con relación a este caso que los padres del periodista no fueron recibidos por el fiscal de Coronel Bogado que lleva la causa y que no se observan avances en la investigación del hecho.

Periodistas asesinados en Paraguay

Son varios los casos de comunicadores asesinados, según una lista confeccionada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
La lista discriminada por nombres, año y lugar de asesinato incluye a los siguientes periodistas:
Santiago Leguizamón (1991, en Pedro Juan Caballero).
Calixto Mendoza (1997, en Concepción).
Benito Román Jara (2000, Yby Yaú).
Salvador Medina (2001, Capiibary).
Yamila Cantero (2002, Misiones).
Samuel Román (2004, Coronel Sapucaia, Brasil, en la frontera con Capitán Bado).
Ángela Acosta (2006, Mayor Otaño).
Alberto “Tito” Palma (2007, Mayor Otaño).
En esta lamentable nómina del SPP también está incluido Marcelino Vázquez, dueño de la radio Sin Fronteras de Pedro Juan Caballero, ejecutado en el año 2013.
En el 2014 fueron asesinados según el gremio de periodistas:
Fausto Gabriel Alcaraz, en Pedro Juan Caballero.
Édgar Fernández, en Concepción.
Pablo Medina Velázquez y su asistente Antonia Almada, en Curuguaty.
Gerardo Servián, periodista de  radio Ciudad Nueva de Zanja Pytã, acribillado en Ponta Porã, Brasil.
El informe es producto del trabajo de la Secretaría del Interior del SPP.
Las amenazas de muerte y los asesinatos son las represalias que las bandas delictivas aplican contra los periodistas. Pero no son las únicas, también se acude a los procesos judiciales contra periodistas que son imputados y procesados por exponer la realidad ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación en que desempeñan labores.
La impunidad es la marca registrada en la mayoría de estos casos, y al igual que en la sociedad toda, quienes tienen poder y recursos económicos encuentran vía libre para quedar sin castigo alguno.
La tarea que impone la historia es construir justicia. Una justicia que esté al servicio de la gente y que sirva de ejemplo para evitar nuevos crímenes. Una justicia que investigue y esclarezca por qué y quiénes asesinaron a los periodistas. Una justicia que juzgue y condene a los culpables.

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Nancy Tifi, alumna del 4° curso de Ciencias de la Comunicación en la UCI, es también integrante del equipo de investigación Spotlight Karumbe.