El Centro de Rehabilitación Social (CERESO), el principal establecimiento penitenciario del Departamento de Itapúa, de "rehabilitación" solo tiene el nombre. Hay 1.371 personas presas en un lugar cuya capacidad ha sido concebida para alojar apenas a 939 personas. El CERESO forma parte de una situación crítica en que se encuentran la mayoría de las cárceles del país, superpobladas, con su población hacinada y sometida a maltratos inhumanos.
Por Marcos
Fernández Correa
En el Centro de Rehabilitación Social (CERESO), el
principal establecimiento penitenciario del Departamento de Itapúa, hay 1.371
personas presas en un lugar cuya capacidad ha sido concebida para alojar apenas
a 939 personas, como máximo. Esta superpoblación, que también se sufre en otras
cárceles del país, ya pueda dar una idea de las condiciones de hacinamiento y
precariedad en que deben sobrevivir quienes han sido privado de su libertad.
El CERESO se encuentra ubicado en el distrito de
Cambyretá. Su población penal es del 146%, según los datos oficiales del
Ministerio de Justicia, mientras el Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura (MNP), organismo encargado de fiscalizar la situación en las cárceles,
menciona en su último informe que la población ha llegado incluso hasta el
323%.
La principal cárcel de Itapúa es considerada una
penitenciaría de seguridad media, destinada a la reclusión de personas
procesadas y condenadas por delitos, aunque es mucho mayor el porcentaje de
presos que aún no reciben condenas, mostrando el grave problema de la mora
judicial y sus efectos en el sistema penitenciario.
Las celdas del CERESO han alojado a connotados
reos, como aquellos que forman parte de la famosa organización criminal
brasileña Primer Comando de Capital, dedicada principalmente a operaciones de
narcotráfico, como a grandes asaltos y otros crímenes, incluyendo el tráfico de
armas. Hasta el lugar también ha llegado René Hosfstetter, condenado a 12 años
de cárcel por el asesinato del hijo del exdiputado Luis Felipe Villamayor, un
caso con mucha resonancia mediática.
Al recorrer las instalaciones del CERESO podemos
notar que allí no existe ningún criterio legal ni racional en la distribución
de reclusos en los diversos pabellones. Tampoco existe una debida separación de
los condenados y de los procesados, pero si resulta claro que algunos presos de
mayor poder e influencia gozan de todo tipo de privilegios, mientras otros con
menos recursos se deben conformar en subsistir de manera muy precaria, rodeados
del muro perimetral de la cárcel.
Los menos favorecidos, que conforman la mayoría,
son principalmente aquellas personas que ingresan sin tener absolutamente nada.
En muchos casos son personas que han cometido hechos punibles graves y que han
llegado a la prisión sin tener idea de cómo afrontar esa dura nueva vida dentro
del penal, en un lugar en donde el respeto a los derechos humanos está muy
lejos de cumplirse según establecen las leyes y convenios internacionales.
Particularmente, el CERESO forma parte de una
situación crítica en que se encuentran la mayoría de las cárceles del país,
superpobladas, con su población hacinada y sometida a maltratos inhumanos.
Los datos obtenidos del Sistema de Información
Penitenciaria del Paraguay (SPPY) destacan que entre los hechos punibles
cometidos con mayor frecuencia en nuestro país los encabeza el de robo
agravado, ya que 3.047 personas se encuentran privadas de su libertad por esta
causa. En segundo plano se encuentra el delito de homicidio doloso, con un
total de 1.667 personas recluidas y en tercer lugar los casos de violencia
familiar con 1.310 internos.
A ellos se suman los recluidos por hurto agravado,
que suman 1.270 y los reos por abuso sexual en niños, que ascienden a 702. Las
estadísticas continúan con 433 presos por tenencia sin autorización de
estupefacientes, 431 por tentativa de homicidio doloso y 408 por tenencia y
comercialización de estupefacientes.
La población total de presos en las cárceles del
país es de 16.703 a principios de junio de 2019, de los cuales solo el 23%
posee una condena firme, mientras el 77% aún se encuentra en la etapa de
procesados.
Al recorrer las instalaciones del CERESO, uno
percibe claramente que a pesar de llamarse “Centro de Rehabilitación Social”,
la rehabilitación de quienes han delinquido ante la sociedad es lo que menos
ocurre en ese lugar.
La Constitución Nacional, en su artículo 20,
dispone que la pena que se impone desde la Justicia a alguien que ha cometido
un delito tiene como fin la rehabilitación del infractor de la ley. Igualmente,
la Ley 210/70 del Régimen Penitenciario, en su artículo 3°, alude a que el
tratamiento penitenciario debe ser integral con miras a la readaptación social
del interno y en sus artículos 86 y 87 cita la necesidad de brindar a las
personas que obtienen su libertad un tratamiento pos penitenciario.
En la principal cárcel de Itapúa no se da este
proceso. En cuanto a las instituciones civiles que ayudan a realizar programas
de rehabilitación social, ajenas a la penitenciaria, solo en unos de los
bloques está permitido contribuir con este tipo de ayuda.
El CERESO, de “rehabilitación social” solamente
tiene el nombre.
Hay que acabar con el hacinamiento aunque algunos presos merecen un castigo duro pero no tanto. Hay que construir más cárceles. Y también se puede liberar a algunos presos que tengan delitos leves y sustituirles el castigo por trabajos sociales, por ejemplo.
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